Contratar los servicios de una persona natural o jurídica especializada en Derecho Constitucional, a fin de que asuma el patrocinio en el proceso de acción de amparo frente a actuaciones de la Administración Tributaria que, en el ejercicio de sus potestades de determinación y cobranza, han transgredido los principios constitucionales de razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, afectando los límites que la Constitución, respecto al IR 2000.