La Ley N° 32069 introdujo modificaciones importantes a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), buscando modernizar y simplificar los procesos de compra pública en el Perú. Estos cambios afectan tanto a las entidades públicas como a los proveedores del Estado.
En esta guía analizamos las principales modificaciones y su impacto práctico para quienes participan o quieren participar en contrataciones públicas.
La Ley N° 30225, vigente desde 2014 y con múltiples modificaciones posteriores (incluido el Decreto Legislativo N° 1444), estableció el marco general de las contrataciones públicas. Sin embargo, con el tiempo se evidenciaron problemas de eficiencia, burocracia excesiva y barreras de acceso para pequeñas empresas.
La Ley N° 32069 busca abordar estos problemas con objetivos claros: simplificar los procedimientos, fomentar la participación de las MYPE, fortalecer la integridad y transparencia, y alinear las contrataciones con estándares internacionales como el Open Contracting Data Standard (OCDS).
Entre las modificaciones más relevantes para los proveedores están:
La Ley N° 32069 también introduce modificaciones institucionales importantes:
Estos cambios institucionales tienen un impacto indirecto pero importante para los proveedores: procesos más ágiles significan menores costos de participación y resultados más rápidos.
Como proveedor, puedes tomar las siguientes acciones para adaptarte a la nueva normativa:
La implementación de la Ley N° 32069 es progresiva, por lo que es importante mantenerse informado sobre las directivas y lineamientos que el OSCE publique para regular los aspectos específicos de la reforma.
La Ley N° 32069 fue publicada y entró en vigencia de manera progresiva, junto con su Reglamento. Algunos artículos rigen desde su publicación y otros se han aplicado conforme el OSCE/OECE ha emitido las directivas reglamentarias. Los procesos convocados antes de la vigencia plena se rigen por la normativa anterior (Ley N° 30225 sin las modificaciones), por lo que conviene revisar la fecha de convocatoria de cada proceso para saber qué reglas aplican.
Los principales cambios son: (1) simplificación documentaria —declaraciones juradas en la oferta y verificación solo al ganador—; (2) mayor acceso para MYPE con fraccionamiento de lotes y reservas; (3) cambio institucional del OSCE al OECE con facultades reforzadas; (4) plazos más ágiles en apelaciones del Tribunal; y (5) fortalecimiento de Perú Compras y los Acuerdos Marco para estandarizar y acelerar contrataciones repetitivas.
Con la Ley N° 32069, el OSCE pasó a denominarse OECE (Organismo Especializado para las Contrataciones Eficientes del Estado). Conserva las funciones de ente rector del sistema —administración del SEACE, del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y del Tribunal de Contrataciones— con facultades de supervisión reforzadas. Los portales oficiales han migrado a dominios bajo oece.gob.pe (por ejemplo, eap.oece.gob.pe para la ficha del proveedor).
Más de 114 172 licitaciones y 71 200 contrataciones menores del Estado peruano.
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